Marzo finaliza con una gran derrota para Nicolás Maduro y su gabinete, su esperanza de obtener ingresos con los cuales comprar un alivio a la crisis humanitaria que vive Venezuela se ha esfumado, al igual que la posibilidad de institucionalizar la primera Dictadura del Siglo XXI en el continente. En cambio se ha agravado el aislamiento político que vive su gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Esta monumental derrota tiene un conjunto de causas que son necesarias recordar para poder entender como la desesperación hizo emerger el
carácter autoritario de la llamada "Revolución Bolivariana" del ex-presidente Hugo Rafael Chávez Frías.
A continuación se expone un recuento de los hechos que llevaron al denominado Autogolpe de Estado en Venezuela y sus consecuencias para el gobierno.
La configuración de un Autogolpe de Estado
En primer lugar, es importante tener en cuenta que desde el año 2013 Venezuela sufre la mayor crisis económica, política y social de su historia, la cual se ha visto reflejada en aspectos como:
- la inflación más alta del mundo. Un 741% para el año 2017 según las proyecciones de la Asamblea Nacional,
- la escasez en aproximadamente el 80% de los productos básicos,
- la devaluación sostenida del Bolívar, el cual ronda los 700 por dólar según la tasa SIMADI y más de 3000 en el mercado negro,
- la lucha entre poderes, específicamente entre la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo,
- la violación de la constitución al no efectuar elecciones regionales en 2016,
- la delincuencia que provocó cerca de 30,000 asesinatos en el país,
- el éxodo de venezolanos y
- la crisis humanitaria a causa del hambre y la falta de medicamentos.
Estos hechos han generado una grave presión en el gobierno y la oposición debido a que la población demanda soluciones efectivas e inmediatas. Por consiguiente, Nicolás Maduro y sus ministros han realizado esfuerzos para obtener fondos y divisas internacionales, tras el déficit que generó la caída en los precios del petróleo, con el fin de importar alimentos, medicinas y otros bienes para apalear la escasez y la erosión de su capital político con miras a las inminentes elecciones que se deben realizar.
Sin embargo, el chavismo ha encontrado una
multitud de puertas cerradas debido al elevado endeudamiento del país - especialmente con China -, su casi inexistente aparato productivo, la ausencia de gobiernos amigos en la región y la arrogancia que impide que este acepte ayuda humanitaria de las Naciones Unidas.
Ante estos obstáculos Nicolás Maduro y su gabinete decidieron volver a echar mano de los recursos naturales del país, específicamente de los hidrocarburos, y diseñaron un plan para establecer un conjunto de
empresas mixtas con petroleras internacionales como el caso de la
rusa Rosnef, con la cual se planeaba negociar el 10% de las acciones de Petropiar.
No obstante, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos la constitución de toda empresa mixta en dicho sector debe ser aprobada por el parlamento, el cual desconfía de la
prudencia y cautela del gobierno para realizar concesiones de interés nacional y sospecha de un posible empeño de los recursos del país a fin de obtener desesperadamente un financiamiento en el corto plazo para utilizar los fondos con fines políticos y electorales.
Por dichas sospechas el diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional,
destacó la posibilidad de que las concesiones que realice el gobierno sean anulas por el congreso.
Por consiguiente, la estatal Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) solicitó una interpretación del artículo 187 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para buscar una vía que permitiera eludir la participación de la Asamblea Nacional en las negociaciones del petróleo venezolano con terceros.
Sin embargo, en una histórica e insólita actuación, el TSJ no sólamente dispuso
la habilitación del Ejecutivo para constituir las mencionadas empresas mixtas sin la confirmación del parlamento, sino que
despojó a la Asamblea Nacional de toda su competencia legislativa y de control político, y procedió a adjudicarse sus facultades y la posibilidad de adjudicarlas al órgano que este disponga, el cual puede ser el propio Ejecutivo.
De igual modo, en una muestra de ambición desmedida y sometimiento al Ejecutivo, el TSJ levantó la inmunidad parlamentaria y ordenó a Nicolás Maduro "a ejercer las medidas internacionales
que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país,
tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del
Estado de Excepción" (
fuente) así como a evaluar "
el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República". Con lo cual se facultó a Nicolás Maduro con poderes ilimitados para perseguir políticamente a los parlamentarios y
modificar la participación de Venezuela en los organismos internacionales a los que pertenece. Esto con el objetivo de que el gobierno pudiera configurar su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) y librarse de las consecuencias de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Esta situación constituyó una ruptura innegable del orden constitucional y democrático en el país según el juicio de la Asamblea Nacional y una veintena de países. Lo cual motivó una serie de
comunicados en rechazo a
las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia y expresiones de preocupación ante el futuro democrático del país, acciones que fueron acompañadas de la movilización social de diversos sectores civiles del país.
En consecuencia, la Cancillería venezolana procedió a utilizar su tradicional estrategia de intimidación rech
azando los pronunciamientos de los gobiernos de la región mediante un léxico beligerante y hostil, a la vez que esbozó la clásica tesis conspirativa de la supuesta agresión internacional liderada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la violación a la soberanía nacional mediante la injerencia de estos países en los asuntos internos del país.
¿Un teatro para eludir la responsabilidad ante el frustrado Autogolpe de Estado?
No obstante, a pesar de la clásica intimidación de la Cancillería venezolana cerca de una veintena de países expresaron su rechazo a lo que consideraron como una ruptura en el orden constitucional y democrático del país,
adicionalmente el Mercosur procedió a aplicar su cláusula democrática e instó al gobierno venezolano a realizar elecciones y la mayoría de los países pertenecientes de a la OEA solicitaron la organización de una reunión extraordinaria este lunes 3 de abril para discutir el caso venezolano y la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Sin embargo, no hizo falta esperar mucho tiempo para que la fiscal general Luisa Ortega Díaz catalogara a las acciones del TSJ como un atentado al orden constitucional. Hecho que provocó que Nicolás Maduro convocara al Consejo de Seguridad.
La actitud de la fiscal le valió los elogios de la oposición y el Ejecutivo. Por un lado fue enaltecida por
"distanciarse" del gobierno y defender la constitución y por la otra fue utilizada como argumento para demostrar la
supuesta independencia de poderes en Venezuela. Sin embargo es necesario recordar que la fiscal Ortega ha sido una
tradicional colaboradora del gobierno y ha sido cómplice en la persecución política a dirigentes opositores. Hecho que en diversos sectores ha generado la sospecha de que su accionar haya sido planeado para emular una supuesta independencia de poderes en Venezuela y ofrecer un argumento para
escapar a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
No obstante, la ausencia de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República en el Consejo de Seguridad convocado por Maduro generó sospechas sobre el distanciamiento de esta con el gobierno. Sin embargo, la rapidez en la modificación a la sentencia 155 y 156 del TSJ tras el llamado de Nicolás Madura para que fueran reconsideradas ha generado preocupación sobre la independencia del poder judicial. De igual modo, la reunión de la Fiscal General con Maduro en el Palacio de Miraflores el pasado sábado 1 de abril y la cordialidad entre estos ha encendido las alarmas sobre una posible estrategia para
evitar la responsabilidad de haber configurado un auténtico Autogolpe de Estado.
Así mismo, el discurso empleado por el Ejecutivo al catalogar de impase a las acciones del TSJ y la reacción de la Fiscalía, genera sospechas sobre el intento de
restarle importancia al quiebre del equilibrio entre los poderes del Estado. De igual modo, al no considerar a la AN como actor dentro del "impase"
supone su efectivo desconocimiento como actor principal de la república.
En el mismo orden de ideas, es necesario resaltar que
la ordenada rectificación que hizo el TSJ no resarce el atentado efectuado a la Constitución y al equilibrio de poderes, a la vez que
cuestiona las facultades de este como suprema autoridad responsable de la correcta interpretación de la carta magna y su capacidad para detectar lo que constituye una flagrante ruptura del orden democrático en el país.
En consecuencia, existen argumentos suficientes para entender las acciones de la Fiscalía, la convocatoria del Consejo de Seguridad y la Rectificación del TSJ como partes de una trama para enmendar el fallido Autogolpe de Estado, evitar la responsabilidad ante esto y presentar una virtual independencia de poderes que sirva como argumento para eludir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
El infierno de Nicolás Maduro
Este fallido Autogolpe generó un escenario opuesto al que pudo prever el TSJ y el Ejecutivo ya que motivó
la reacción internacional anhelada por la oposición, a la vez que fueron confirmadas las denuncias de falta de independencia entre los poderes del Estado y
se develó la sostenida estrategia para cercar y anular las acciones de la Asamblea Nacional.
Estos hechos han provocado un fortalecimiento de la oposición, un aislamiento político del gobierno, una exhibición del carácter autoritario del chavismo y un incremento de la presión internacional hacia Nicolás Maduro.
En definitiva, marzo terminó con una de las mayores derrotas sufridas por el chavismo debido a la exposición de su carácter autoritario e intención de institucionalizar
la primera dictadura del Siglo XXI en la región.
Mientras que abril inicia con un infierno para el chavismo, el cual ha iniciado una serie de maniobras y artimañas para ganar tiempo, aferrarse al poder y librarse de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Por este temor, Nicolás Maduro imploró, en su programa Domingos con Maduro,
la intervención del presidente uruguayo Tabaré Vasquez para detener lo que considera
"una agresión imperialista contra Venezuela". Ante este hecho, el gobierno uruguayo se ha mantenido en silencio, lo cual podría indicar la pérdida de un aliado más del chavismo en la región.
Sin embargo, Venezuela todavía cuenta con algunos fieles partidarios en el continente -Bolivia, Ecuador, Nicaragua y algunos países caribeños-, a través de los cuales intenta realizar artimañas para eludir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Lo cual se ha confirmado con
la suspensión de la reunión extraordinaria convocada en la OEA para tratar la crisis venezolana, a manos del presidente Evo Morales, quien desde el sábado 1 de abril ostenta la presidencia pro-témpore del Consejo Permanente de dicho organismo.
Según la Cancillería Mexicana, la suspensión de la reunión extraordinaria a escasas horas de su inicio y en el primer día hábil de Evo Morales como presidente del Consejo Permanente de la OEA constituye
un acto absurdo, una falta grave y un abuso dadas
la falta de justificación para esta decisión y la pública devoción del gobierno boliviano al chavismo.
Este último hecho demuestra la escalada del temor del gobierno de Maduro y su
desesperación por evitar enfrentar la responsabilidad de haber efectuado un Autogolpe de Estado y haber sumido a Venezuela en su mayor crisis desde el siglo XX. De igual modo, estas acciones, sin una finalidad aparente más allá que ganar tiempo, se pueden catalogar como un pataleo ante la inminente aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
En efecto, el gobierno de Nicolás Maduro vive su momento más oscuro. Un verdadero infierno que hace aflorar los instintos más profundos, perversos y autoritarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Ante esta situación, es una responsabilidad de los demócratas de la región evitar que el infierno que también vive la población en Venezuela escale hacia un punto de no retorno y
que la angustia generalizada desemboque en un escenario de confrontación armada.
También es una responsabilidad imperativa mantener la precaución y la vigilancia ante la habilidad del gobierno venezolano para ejecutar tramas que puedan ofrecerle mayor oxígeno, tiempo y recursos que le permitan
afianzarse ilegítimamente en el poder y continuar con los atropellos a la población y la propia constitución.
Es igualmente importante entender que
tanto los derechos humanos como la defensa de la voluntad popular carecen de fronteras y que la manifestación pública de las posiciones internacionales ante los atropellos a los derechos humanos y los valores democráticos no constituyen de facto una injerencia ni un atentado a la soberanía nacional de los países y que estas acciones han sido parte de la tradición diplomática venezolana desde la
Doctrina Betancourt.
Por consiguiente, es una
obligación histórica mantenernos atentos y vigilantes ante las acciones emprendidas por el chavismo y las denuncias de la oposición y la población a fin de
devolverle al pueblo venezolano el tradicional y sostenido compromiso, apoyo y solidaridad con las causas democráticas que este demostró con los pueblos y países de la región desde su independencia.
De igual modo, es necesario desmontar los mitos del chavismo y esclarecer
la responsabilidad histórica de este movimiento en la crisis humanitaria que ahora vive Venezuela y la ruptura de su tradicional cultura democrática.
Por:
Alberto Castillo Aroca -
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Coordinador General de
Acción Testimonial Latinoamericana -
@a_testimonial Facebook: ATLAC
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Acción Testimonial Latinoamericana (ATLA), es un grupo de opinión compuesto por jóvenes comprometidos con la realidad sociopolítica de nuestra región, quienes buscan promover la construcción de una esperanza que pueda orientar al desarrollo de una sociedad fundamentada en el trabajo productivo y la solidaridad que generen justicia social y paz dentro de un ambiente de democracia y participación integral.
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